El Foro de ONGs Internacionales en Guatemala expresa su más alta preocupación y condena ante las agresiones en contra de la Fiscal Sonia Elizabeth Montes, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, y el conductor de la institución, Néstor Valdez, ocurrido el día 15 de febrero 2018. El ataque se dio mientras la Fiscal llegaba a la oficina del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El vehículo en que viajaba recibió al menos cinco balazos. Afortunadamente la fiscal y el conductor salieron ilesos.

Esta agresión se suma a la preocupante situación nacional de inseguridad e impunidad. Son actos que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad, así como frenar la labor de defensoras y defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos y operadores de justicia y al mismo tiempo infundir miedo y paralizar a la población guatemalteca.

El Ministerio Público, junto con la CICIG, lidera la lucha contra la corrupción en Guatemala, y desde 2015 hasta el presente lleva múltiples casos por corrupción que tocan a los más altos niveles de poder de este país.

El ataque del 15 de febrero confirma el riesgo en que viven no solo personas y colectivos que trabajan a favor de los derechos humanos, la democracia y la justicia en Guatemala, sino también funcionarios públicos y operadores de justicia. Frente a este enésimo hecho manifestamos nuestra preocupacion por el creciente número de ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, funcionarios públicos y operadores de justicia que han ocurrido desde principios de 2018. Esto es síntoma del perfilarse de una política de agresion y no respeto perpetrado en un estado de casi absoluta impunidad.

Como organizaciones de la comunidad Internacional:

• Nos solidarizamos con la Fiscal Sonia Elizabeth Montes, el Señor Néstor Valdez y la institución personal del Ministerio Público

• Sumamos nuestra voz a la demanda de investigación de manera que queden esclarecidos y se aplique la justicia a quienes resulten responsables intelectuales y materiales esta agresión;

• Recordamos al Estado guatemalteco que tiene la obligación de garantizar la protección a operadoras y operadores de justicia como condición esencial para que realicen sus funciones sin presiones, amenazas o intromisiones indebidas de cualquier sector o por cualquier motivo, tal como lo establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

• Recomendamos al Estado que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de mujeres y hombres líderes de organizaciones sociales, como también de las instituciones y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, especialmente las involucradas actualmente en los casos judiciales de mayor riesgo en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

• Animamos al pueblo de Guatemala para que continúe participando en distintas acciones y actividades de apoyo a la lucha contra la corrupción e impunidad, para fortalecer así el Estado de Derecho.

• Instamos a los miembros de la comunidad internacional a incrementar sus acciones de observación de la situación de los derechos humanos en Guatemala y fortalecer su trabajo de acompañamiento a la sociedad civil guatemalteca.

 

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