Ciudad de Guatemala, 29/11/2018 -

El pasado 28 y 29 de noviembre se realizó el intercambio internacional entre defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio de diferentes resistencias pacíficas de Guatemala, El Salvador y Colombia con el objetivo de realizar un análisis en conjunto sobre el contexto regional de avance del modelo económico basado en los distintos megaproyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales y las diversas amenazas que este modelo plantea contra los territorios comunitarios.

Este fue el primer intercambio de experiencias a nivel internacional entre organizaciones, comunidades y pueblos que logró la construcción del conocimiento colectivo y reforzar la conciencia de formar parte de dinámicas comunes de violencia y expolio de los bienes comunes. El intercambio contó con la participación de una de las organizaciones indígenas y populares colombianas más relevantes por sus luchas históricas y la riqueza y diversidad de sus experiencias frente a la magnitud del daño provocado por el conflicto armado interno.

Hubo representantes de varias organizaciones rurales e indígenas, como La Asamblea de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- de Colombia, la Asociación de Desarrollo Económico y Social -ADES- de El Salvador y representantes del territorio de San Rafael las Flores, departamento de Santa Rosa en Guatemala, incluyendo otro/as.

Un caso especial abordado en la reunión trató de la sentencia emitida recientemente por la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de la Minera San Rafael.

“esta sentencia es una oportunidad histórica para unirse y generar procesos de defensa de derechos más amplios y fortalecidos, puesto que de ahora en adelante, ninguna licencia de extracción puede ser aprobada por el Estado sin antes realizar la consulta previa a las comunidades que serían afectadas o beneficiadas” 

Actualmente, no hay instrumento jurídico alguno que reconozca la existencia de la figura de las y los defensores de derechos humanos. Sólo existe la Declaración de la ONU sobre defensores de 1998, pero no es un Tratado, sino una declaración que muchos Estados ni siquiera han adoptado. En Guatemala se está en proceso la creación de una Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, aunque ésta debería pasar por el Congreso para ser ratificada y distintas entidades del Estado tendrían tener participación en su ejecución.

Defender derechos es un derecho humano reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos. Es importante que las y los defensores de derechos humanos conozcan este instrumento internacional, lo hagan valer, lo pongan en práctica y lo reivindiquen en su ejercicio de defensa de derechos.