18/10/2018 - Protection International y su socio colombiano Pensamiento y Acción Social (PAS) convocan una misión internacional de observación para conocer de primera mano la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran los #conviteros: defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento del Cauca, Colombia;  trabajar soluciones y estrategias para cambiar esta realidad. En coordinacion también con Cococauca, la misión contó también con la participación de las Embajadas de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, España, Paises Bajos, Suecia, Bélgica y Finlandia;  la Misión de Verificación de la ONU,  la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP- OEA) y la Delegación de la Unión Europea en Colombia

La situación que viven los líderes y lideresas, DDH en Colombia continúa siendo preocupante; en medio de esta problemática, el departamento del Cauca viene registrando las cifras más altas de asesinatos.  Las condiciones en las que viven quienes se atreven a defender un derecho, un ideal o representar a una comunidad, en este departamento, y más específicamente en la costa pacífica de Cauca, son críticas.

“La situación es muy compleja, se puede considerar que cualquier persona que busque la reivindicación o defensa de derechos humanos, o de sus derechos étnicos, se convierte en objetivo militar de los grupos armados que hay en la zona.  Cuando los líderes empiezan a plantear posiciones y a defender sus derechos, automáticamente eso los pone en situación de vulnerabilidad porque no hay un respaldo desde lo institucional.

Amitzury Montaño, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. 

                                                       

 

Buscando visibilizar esta compleja situación, Protection International y PAS convocaron a una delegación de la comunidad internacional para que fuera al municipio de Guapi y pudiera escuchar a las y los defensores de derechos humanos y a las organizaciones étnico-territoriales de los tres municipios costeros del pacífico caucano (Guapi, Lopez de Micay y Timbiquí). 

“Hay zonas del pacífico que se llevan la atención de la comunidad internacional, la costa caucana no es una de ellas. Nuestro primer objetivo entonces es visibilizar lo que está pasando aquí y conocer de primera mano las dinámicas. Una cosa es lo que nos cuentan en Bogotá, y otra cosa es lo que nosotros vemos aquí, estando con la gente, saliendo y hablando con todos, autoridades, instituciones, sociedad civil, es el conocimiento directo.”

Antonio García, delegado de la Unión Europea en Colombia.

En esta misión de tres días, los delegados tuvieron reuniones con  36 representantes de los consejos comunitarios y de organizaciones étnico-territoriales, de víctimas y de mujeres de los tres municipios. También se reunieron con una comitiva de los resguardos indígenas de la zona en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con el Vicariato Apostólico de Guapi – Pastoral Social- y con autoridades e instituciones, Alcaldía, Gobernación, Personería, Policía y Ejército.                                                                                                        

En estas reuniones,  los representantes de las comunidades plantearon a la delegación los riesgos que más afectan la labor de defensa de sus derechos en estos territorios: desplazamiento, confinamiento, asesinatos-ataques, estigmatización, riesgos territoriales (cultivos de uso ilícito, minería ilegal, PDETS, megaproyectos, usurpación del territorio por foráneos, irrespeto de autoridades ancestrales, pesca industrial, destrucción de los referentes culturales) y los derivados del proceso de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC, entre ellos de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

Se denunció que algunos de estos riesgos, como por ejemplo la estigmatización, también provienen de la misma institucionalidad y autoridades de los municipios. Al desconocer su condición de defensores de derechos humanos - muchas veces sumado a un discurso en el cual los DDH se asocian con grupos armados, guerrilla y delincuencia - se termina poniendo en riesgo no solo la integridad de estos, sino la legitimidad y el reconocimiento necesario entre las demás personas de las comunidades, para poder ejercer a plenitud una labor de liderazgo. La misión también abrió el espacio para que los delegados pudieran evidenciar - desde la perspectiva de las víctimas - los impactos que ha dejado el conflicto armado en la región. 

Una de las principales conclusiones de la misión fue la necesidad de fortalecer los procesos colectivos, étnicos, ancestrales y sociales de liderazgo y organización que han construido las comunidades, así como de hacer incidencia ante las instituciones locales, departamentales y nacionales para que fortalezcan sus acciones en materia de seguridad y protección de estas comunidades.  

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