Políticas Públicas

 

Creemos firmemente que la protección de los DDHs debería surgir de la política pública vigente, y que las autoridades deberían crear marcos para proteger el derecho a defender los derechos humanos.

En PI monitoreamos, desde una perspectiva crítica, el desarrollo, implementación, e impacto de las políticas públicas para la protección de defensores/as de derechos humanos (DDHs). Hemos realizado investigaciones y sistematizaciones de mejores prácticas y lecciones aprendidas, que han dado lugar a varias publicaciones.

Estas políticas públicas necesitan ser diseñadas, implementadas, regularmente evaluadas y corregidas siempre que sea necesario, como si planes de ruta se tratasen. Tal proceso puede caer bajo influencia política, un factor que se puede mitigar incorporando procedimientos técnicos y expertos no sólo del gobierno, sino también de organizaciones de la sociedad civil y de los mismos DDHs (véase figura debajo).

Consecuentemente, la adopción de leyes para la protección de DDHs puede ser una – pero no la única – reacción de las autoridades estatales a las amenazas y riesgos a los que se enfrentan los DDHs en el curso de su trabajo. Efectivamente, este tipo de medidas pueden acabar en papel mojado si el programa de protección, los recursos necesarios para implementarlo y los criterios usados para evaluar su efectividad no están claramente establecidos, y si no se crean espacios para la participación de la sociedad civil.

La obligación de los estados de proteger los DDHs ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Basados en testimonio experto en dos casos emblemáticos contra los estados de Honduras y Guatemala, respectivamente, los partes de la CIDH sirvieron de guía para al menos siete requisitos mínimos en políticas públicas de protección de DDHs:

El reto es convertir estas obligaciones en políticas públicas efectivas, que los estados puedan implementar para garantizar adecuadamente el derecho a defender los derechos humanos.

Véase: 

 

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