El jueves 20 de octubre, en Tegucigalpa, Honduras, las defensoras y defensores de derechos humanos del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), del pueblo Lenca, de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) y de otras organizaciones  aliadas nacionales e internacionales fueron violentamente reprimidos por las fuerzas policiales estatales durante la marcha de la resistencia por la tierra, los tíos y la vida.

La movilización no violenta tenía entre sus objetivos:

  • Exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo Lenca
  • Pedir la cancelación de las concesiones de proyectos extractivos e hidroeléctricos en su territorio
  • Demandar el esclarecimiento y justicia por el asesinato de la coordinadora Berta Cáceres y rechazar la continua campaña de agresiones y criminalización contra el COPINH.

Según las denuncias públicas del COPINH, los manifestantes fueron asaltados en frente del Ministerio donde se iba a dar una conferencia de prensa. Un cordón policial y antimotines agredió la manifestación durante casi una hora con químicos, gases lacrimógenos y golpeó a las personas, entre ellas niñas/os y personas mayores.

Esta nueva violación al derecho de defender derechos humanos se enmarca en una campaña de estigmatización contra el COPINH, de militarización del territorio del pueblo Lenca,  y de la visita de una delegación del banco holandés de desarrollo FMO que con la intención de reabrir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque. La semana anterior a la marcha, el COPINH había denunciado los intentos de asesinatos contra Tomás Gómez y Alexander García Soto, respectivamente coordinador general y líder comunitario del COPINH.

A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha otorgado a miembros del COPINH, a la familia de Berta Cáceres y al equipo jurídico que acompaña la familia de Berta, las medidas cautelares MC 112/16 según las cuales el Estado de Honduras tiene que  adoptar “las medidas necesarias para que estas personas puedan desarrollar sus actividades como defensores y defensoras de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones".

Una vez más, se evidencia que, a pesar de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, y lo establecido en diferentes resoluciones de la CIDH, el estado de Honduras es ineficiente en garantizar la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

“No nos vamos a callar, las mujeres vamos a seguir hablando y denunciando” comenta Rosalina Dominguez, Defensora del pueblo Lenca de la comunidad Río Blanco, .

Protection International hace un llamado a la comunidad internacional para que de forma contundente exijan al estado de Honduras el cumplimiento de las medidas cautelares 112/16

Conferencia del COPINH: https://www.facebook.com/copinh.intibuca/videos/1773164376290667/