Personas defensoras de derechos humanos de América Latina y África comparten experiencias sobre las políticas públicas de protección de sus regiones


 

El 21 de enero de 2021, 44 personas defensoras de derechos humanos se reunieron – desde sus casas - para debatir sobre las políticas públicas de protección en Colombia, Costa de Marfil, Honduras, México y la República Democrática del Congo (RDC).

Este encuentro virtual, que ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, es el segundo que Protection International y su socio en la RDC, SOS Information Juridique Multisectorielle (SOS IJM), han organizado desde el comienzo de la pandemia.

Su objetivo es que las mujeres y hombres defensores de los derechos humanos (M/DDH) puedan hacer un balance de las políticas públicas de protección vigentes en sus países. De entrada, queda claro que el contexto de estas dos regiones sigue siendo alarmante en lo que respecta a los niveles de protección para las personas defensoras.

 

Inestabilidad política, conflictos armados endémicos y violencia

 

Desde Colombia hasta la RDC, pasando por México y Costa de Marfil, las personas defensoras de los derechos humanos no sólo se enfrentan a la corrupción, a la violencia y a frágiles sistemas democráticos, sino que a menudo pagan un alto precio por su trabajo. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos en 2020, donde ocurrierion el 79% de los 331 asesinatos notificados en todo el mundo según el informe más reciente de Front Line Defenders (2020). Colombia, donde 177 personas perdieron la vida por la defensa de los derechos humanos, sigue ostentando el desafortunado título de país más peligroso del mundo para las personas defensoras.

A pesar de las intimidaciones, amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y las altas cifras de asesinatos de personas defensoras, los actores de la sociedad civil se niegan a quedarse de brazos cruzados. A través de los intercambios entre estas dos regiones, quedó claro el papel clave que han desempeñado en la movilización, la defensa y la presión ejercida ante los responsables políticos para la adopción de una serie de mecanismos de protección e instrumentos legales por parte de sus gobiernos.

El contexto para los defensores en América Latina y África sigue siendo sombrío, pero cabe destacar que, en las últimas dos décadas, ambas regiones han visto importantes avances en las políticas públicas nacionales de protección de personas defensoras de derechos humanos. Aunque su aplicación efectiva es a menudo problemática, cada vez hay más países que cuentan con mecanismos de protección en forma de leyes y otras disposiciones legales a nivel nacional.

 

América Latina y sus tímidos mecanismos de protección

 

Tal y como ejemplifican las estadísticas anteriores, existe una gran necesidad de mecanismos de protección en América Latina. Colombia estableció un mecanismo de protección estatal a finales de la década de los 90, debido a los altos niveles de violencia que sufrían las M/DDH y los líderes sociales a causa del conflicto armado interno del país. Algunos Estados han promulgado leyes para la protección específica de las personas defensoras. Es el caso de México, que estableció legalmente un mecanismo para defensores y periodistas en 2012, y Honduras, que adoptó una ley de protección en 2015.

Aunque la existencia de estos mecanismos para las personas defensoras de derechos humanos es indudablemente positiva y pese al claro interés de algunos dirigentes políticos en aporbar leyes al respecto, la aplicación efectiva de las medidas de protección sigue estancada.  "La falta de confianza entre las autoridades estatales y las personas defensoras de los derechos humanos, así como la escasa coordinación, hacen que los mecanismos de protección existentes en América Latina sean ineficaces", afirma Guillermo Rodríguez, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que participó en el evento virtual. En Colombia, por ejemplo, hay una total descoordinación entre los actores de la sociedad civil y las autoridades a la hora de aplicar las medidas de protección. En México, existe cierto clima de cooperación entre las autoridades y las personas defensoras para fortalecer el mecanismo de protección, pero los problemas sistémicos del ámbito judicial siguen sin abatir la voluntad de los perpetradores.

"En la ley mexicana, en colaboración con las autoridades estatales tratamos de identificar ciertos factores de riesgo a nivel federal, para así mitigarlos. Este proceso es ciertamente importante, pero también debe ir acompañado de medidas de protección para que sea más efectivo, se puedan reparar los daños y  se evite la impunidad", dice Itzia Miravete, coordinadora de Prevención e Incidencia para México y Centroamérica, de Artículo 19, organización que forma parte de Espacio OSC, que a su vez es una iniciativa de la sociedad civil que fue creada para monitorear el funcionamiento del mecanismo nacional de protección.

 

Iniciativas en África

 

En África, en comparación con América Latina, el establecimiento de políticas públicas nacionales es un fenómeno reciente. Las Naciones Unidas y la Unión Africana han influido positivamente en muchos países para promulgar mecanismos de protección y mejorar la situación de las personas defensoras. Sin embargo, el continente ha seguido registrando un alarmante número de violaciones y abusos de los derechos humanos en muchos países. En 2020, sólo en la RDC se registraron 7.909, según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNJHRO).

Costa de Marfil adoptó en 2014 una ley de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Esta ley, que define las funciones, los deberes y los derechos de las personas defensoras, tiene como objetivo garantizarles un entorno de protección en el ejercicio de su trabajo. También reconoce el importante papel que estas personas desempeñan en el desarrollo del país.

El mecanismo de Costa de Marfil ofrece una protección especial a las defensoras de los derechos humanos contra todas las formas de amenaza, violencia y discriminación relacionadas con su condición de mujeres, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos de la mujer.

"En el contexto de Costa de Marfil, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel de primera línea en la concienciación sobre el contenido de esta ley, pero su aplicación real sigue siendo un reto", afirmó Assa Simone, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Costa de Marfil.

Sin embargo, el mero hecho de que Costa de Marfil haya adoptado una ley para la protección de las defensoras de los derechos humanos ha sido una gran inspiración para las personas defensoras en la RDC, país que está en proceso de aprobar la misma ley a nivel nacional, aunque este proceso se encuentra actualmente algo estancado. Pero como la RDC tiene un sistema federal, los defensores y activistas han recurrido al derecho constitucional que permite que los parlamentos aprueben estas leyes de protección a nivel provincial. Las personas defensoras de los derechos humanos de Kivu del Norte y Kivu del Sur - dos provincias del este de la RDC - han logrado importantes avances en este sentido.

En los últimos cinco años, las organizaciones de la sociedad civil congoleña de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur han incrementado notablemente sus actividades de incidencia ante las instituciones del Estado para impulsar la adopción de leyes de protección de las M/DDH.  Uno de sus mayores éxitos se remonta a febrero de 2016, cuando el gobernador de la provincia de Kivu del Sur promulgó un decreto provincial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas. Tres años después, la personas defensoras de la vecina provincia de Kivu del Norte vieron recompensados sus esfuerzos con la adopción de un decreto provincial similar.

"La adopción de estos dos decretos provinciales ha supuesto un rayo de esperanza para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en el este del país, donde la situación de inseguridad dificulta mucho su trabajo", ha explicado Gratias Kibanja, abogado y miembro de Ukingo Wetu Synergy, red de protección de personas defensoras, que ha participado en la elaboración del proyecto de ley provincial de Kivu Norte.  Al igual que en Costa de Marfil, esta ley provincial también dedica una protección especial a las defensoras de los derechos humanos en su artículo 6.

Sin duda estos éxitos han servido de gran inspiración para las personas defensoras en otras provincias, ya que, por ejemplo, la Asamblea Provincial de Sud-Ubangi está también estudiando una propuesta de ley provincial sobre la protección de las mujeres defensoras.

 

Comparativa de la situación en América Latina y África

 

En América Latina, la legislación ha sido el principal motor de la creación de mecanismos y procedimientos de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en riesgo. Para llegar a este punto, multitud de organizaciones de la sociedad civil han trabajado estrechamente en la formación de redes y abogado colectivamente por una mayor protección. Sin embargo, por diversas razones (falta de financiación o de voluntad política, conflictos internos y de larga duración, insuficiente coordinación entre las autoridades y la sociedad civil, etc.) estos mecanismos aún necesitan mejoras significativas antes de que las personas defensoras puedan sentirse completamente seguros en la aplicación de un plan de protección.

En África, sin embargo, las leyes existentes abordan principios abstractos de derechos y deberes en materia de protección sin apuntar a la creación de mecanismos específicos. Los mecanismos que se han creado son algo opacos y no explican claramente los procedimientos necesarios para obtener protección o asistencia en caso de que las  personas defensoras sean objeto de amenazas. Dado que los gobiernos son los principales responsables de la protección estas personas, las autoridades de todos los niveles deben tomar medidas concretas, incluyendo políticas públicas que les protejan adecuadamente y les den acceso a la información y asistencia pertinentes cuando su integridad esté en riesgo.

"Mientras que en América Latina el proceso de protección se basa más en proporcionar seguridad física a las M/DDH en peligro, en África se trata más de derechos en general, donde las leyes existentes son declaraciones de buenas intenciones. Es importante que África cuente con mecanismos o políticas que puedan hacer operativas las leyes existentes para que éstas sean más efectivas", concluyó Quique Eguren, experto en políticas públicas del equipo global de Protection International. "Este intercambio fue un ejercicio muy enriquecedor, que nos permitió comparar dos contextos muy diferentes".

Este año, Protection International lanzará una nueva iniciativa llamada FOCUS: El Observatorio de Políticas Públicas para Personas Defensoras, que es una plataforma virtual destinada a monitorear, analizar y promover las mejores prácticas en las políticas que los gobiernos y otras autoridades estatales adoptan para proteger a las M/DDHH. Esta herramienta pretende facilitar aún más el desarrollo de normas y recomendaciones de protección por parte de los organismos regionales e internacionales, así como proporcionar un recurso para que la sociedad civil pueda hacer más fácilmente referencias comparativas entre la legislación existente en todo el mundo. Sin embargo, nada puede sustituir los intercambios personales y de conocimientos entre las personas defensoras, por lo que esperamos seguir participando en estos encuentros virtuales. Las reflexiones críticas de las M/DDH, teniendo en cuenta sus experiencia vividas en primera persona, sólo pueden resultar en la creación de políticas públicas más eficaces.