Oidhaco y las organizaciones firmantes manifiestan preocupación por aumento de riesgo de personas defensoras y crisis humanitaria en el Chocó

Bruselas, 25 de octubre 2021 - Las organizaciones que suscriben el presente comunicado alertan a la Comunidad Internacional del escalamiento del conflicto armado, los asesinatos y desplazamientos masivos que ocurren en la actualidad en la región de Chocó – Colombia: una región geoestratégica, limítrofe con Panamá y cercana a Buenaventura, el puerto más grande de Colombia por donde transita la mayoría de las importaciones y exportaciones a Europa. Oidhaco hace seguimiento a la región del Pacífico, desde Buenaventura hasta al Bajo Atrato, a través de sus casos emblemáticos del Bajo Atrato y de Buenaventura.

Oidhaco y las demás organizaciones firmantes recibimos con extrema preocupación las noticias de los asesinatos de Dilio Bailarín, líder indígena del Resguardo Embera Uradá – Jiguamiandó, y de Efrén Antonio Bailarin Carupia, ex gobernador del Resguardo Chidina Tolo, en el Bajo Atrato, norte del departamento del Chocó. Asimismo, al sur del departamento del Chocó, en el municipio del Litoral San Juan, se han presentado desplazamientos forzados masivos que han afectado a más de 1.000 personas indígenas wounaan desde el mes de agosto de 2021; esto incluye el confinamiento de las comunidades en mención. En este sentido nos sumamos al llamado hecho por los mecanismos del Sistema Integral de verdad Justicia Reparación y garantías de no repetición (SIVJRNR) para que el Estado tome medidas inmediatas para enfrentar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que pudieron observar en su visita a la región, acompañados por varias embajadas.

Organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz (JyP) y el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (CINEP), las diócesis de Istmina, Quibdó y Apartadó, entre otros, han acompañado a varias de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, dado que el estado no ha brindado la atención necesaria y tomado medidas urgentes de atención y protección inmediata. Los recientes asesinatos y hostigamiento a la población civil ocurren mientras la empresa transnacional, Muriel Mining Corporation, a través de Minera Cobre SAS, adelanta proyectos en Jiguamiandó y Murindó, con la finalidad de explotar los títulos mineros del cerro sagrado Jaikatuma y otros territorios limítrofes. Preocupa enormemente que no se esténrespetando los estándares de consulta libre, previa e informada establecidos por el Convenio 169 de la OIT en esta materia ni las órdenes dictadas por la Corte Constitucional de Colombia. Las comunidades denuncian incursiones constantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo- en pugna con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio de y pesar de una alta militarización, a través de la Brigada XV adscrita al Ejército Nacional de Colombia, esta disputa por el control territorial ha provocado reiteradas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Se denuncian amenazas, torturas, secuestros, atentados con bombas, la siembra de minas antipersonales, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y violencia sexual. El 16 de septiembre, en operaciones militares contra el ELN, un bombardeo en el Litoral San Juan dejó un saldo de 8 muertos, de los cuales 4 serían menores de edad presuntamente víctimas de reclutamiento forzado. Esta información fue ocultada por el Ministerio de Defensa.

Las comunidades indígenas víctimas de confinamiento han pedido de manera reiterada un cese al fuego inmediato y un Acuerdo Humanitario, para garantizar su supervivencia y permanencia en los territorios. Esta petición no ha sido respondida por el Gobierno de Colombia, a pesar de que varias de las comunidades étnicas y campesinas de la región son beneficiarias de medidas de protección de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de medidas físicas de la Unidad Nacional de Protección. La implementación eficaz de estas medidas y la implementación integral del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep hubiera podido evitar el escalamiento del riesgo de las comunidades étnicas en la región.

Solicitamos a la Unión Europea, sus Estados miembro, Suiza, Reino Unido y Noruega que:

  • Respalden la petición de un cese al fuego y Acuerdo Humanitario lo antes posible y un proceso de diálogos territoriales simultáneos que definan decisiones políticas e institucionales para una paz real, con inclusión todos los actores que operan en las regiones;
  • A través de sus representaciones en Colombia, realicen una misión humanitaria para verificar la situación de desplazamiento masivo y demás violaciones de derechos humanos en el municipio Litoral San Juan.
  • Asimismo, que insten a:
    1. El Gobierno Nacional: avanzar céleremente en la implementación integral del Acuerdo de Paz y, en particular, en las disposiciones incluidas en el “capitulo étnico” del Acuerdo; poner en marcha el programa de medidas colectivas de prevención y protección reglamentado en el decreto 660/2018; avanzar en el diseño e implementación de una política pública de desmantelamiento de estructuras sucesoras del paramilitarismo en conjunto con las y los representantes de la sociedad civil, cumpliendo con el mandato otorgado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
    2. El Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar de manera urgente y efectiva el Plan de Prevención y Protección para las comunidades del Bajo Atrato tal como fue ordenado en la Corte Constitucional en diversas sentencias;
    3. La Fiscalía General de la Nación: investigar, identificar y sancionar a los autores materiales y, sobre todo, intelectuales de los asesinatos, amenazas, hostigamientos y violaciones de derechos humanos que están en su conocimiento y sobre los que no hay avances. En particular a la Unidad de Investigación de la Fiscalía: avanzar y presentar resultados de acuerdo con su mandato en lo relativo a la investigación de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que siguen operando en la región, sin limitarse solo a identificar las autorías materiales.
 
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