En total solidaridad con las personas defensoras: Recomendaciones de Protection International a los gobiernos para hacer frente a la pandemia mundial de COVID-19


27 marzo 2020, Bruselas

 

COVID-19 presenta a la humanidad uno de sus mayores desafíos en la memoria viva, pero bajo esta pandemia la amenaza a los Derechos Humanos, las personas defensoras y nuestro derecho a defender los Derechos humanos está mas presente que nunca. El impacto del virus COVID-19 ha llegado a los todos los rincones del mundo y ha afectado a todas las partes de la sociedad. Pero algunas partes se han visto más afectadas que otras, especialmente aquellos lugares donde el derecho a defender los Derechos Humanos y las personas defensoras están más en riesgo. En tiempos tan complejos, el papel de la sociedad civil y las personas defensoras de los Derechos Humanos sigue siendo esencial, debe reforzarse y protegerse.

En tales circunstancias excepcionales deben adoptarse medidas extraordinarias. Sin embargo, estas no deben utilizarse para debilitar ni afectar la labor y la vida de las personas defensoras y sus comunidades. Las respuestas de los gobiernos a la crisis no pueden servir de excusa para tomar medidas contra las personas defensoras de los Derechos Humanos. Los gobiernos deben garantizar la aplicación de acciones adicionales en estricta conformidad con las normas de Derechos Humanos, como ha subrayado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y, ahora más que nunca, deben proteger a todos aquellos que están comprometidos con el derecho a defender los Derechos Humanos. La declaración de los planes de emergencia no debe traducirse en un aumento de la vigilancia, la intimidación, la agresión o la represión de la sociedad civil, las comunidades y las personas que ejercen su derecho a defender los derechos humanos.

Los llamamientos para que se libere a las personas defensoras de los derechos humanos detenidas, muchas de los cuales se encuentran en condiciones alarmantes e incapaces de hacer frente a una pandemia sanitaria de esta magnitud, deben ser escuchados y atendidos. Como subrayó ayer la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin fundamento jurídico
suficiente, incluidos los presos políticos". Bajo esta declaración nuestro colega, el defensor de los derechos humanos en Burundi Germain Rukuki, condenado ilegalmente a 32 años de prisión y actualmente detenido en Burundi, debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Los gobiernos deben garantizar el derecho a la salud para todos, incluyendo el acceso a las comunidades rurales e indígenas, en particular en los países en que esos grupos ya sufren de una falta de acceso a los servicios básicos.

Mientras el mundo se enfrenta a este reto de gran alcance, Protection International se solidariza plenamente con las personas defensoras de todo el mundo que se enfrentan a riesgos y amenazas cada vez mayores. Ahora más que nunca, seguiremos abogando por el derecho a defender los derechos humanos junto con las comunidades de las personas defensoras de América Latina, África, el Sudeste Asiático y Europa.

Desde las oficinas de Protection International en todo el mundo, estamos vigilando de cerca la evolución de la situación. Además, estamos haciendo los cambios necesarios en la estrategia, replanteando prioridades, y ajustando en la programación y la divulgación necesarios para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestras comunidades y personal asociados

La respuesta oficial se puede descargar aquí.