El 30 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 votos a favor y solo 3 en contra, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, estableciendo que gana quien obtenga una mayoría simple. Además, reorganiza el calendario electoral para que, a partir de 2027, las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebren simultáneamente; y adelanta la terminación del actual mandato presidencial al 1 de junio de 2027.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa ha dejado de ser un órgano autónomo y actúa plenamente alineado con los intereses del Poder Ejecutivo, sin permitir disenso ni debate democrático. Desde 2021, el partido oficialista Nuevas Ideas, fundado por Nayib Bukele, conforma una supermayoría que ha permitido aprobar reformas constitucionales, nombrar magistrados y al fiscal general, y desmantelar pilares institucionales sin debate democrático ni ejercicio de contrapesos.
Esta y otras recientes reformas legislativas se han aprobado mediante procedimientos exprés sin debate legislativo. Ejemplo es la Ley de Agentes Extranjeros, que amenaza con desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que reciben financiamiento internacional.
En mayo de 2021, la Asamblea destituyó al pleno de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, nombrando reemplazos sin transparencia ni discusión pública. Asimismo, la reforma que retiró a jueces y fiscales mayores de 60 años, sin procesos técnicos efectivos, facilitó el establecimiento de una judicatura funcional al Ejecutivo, sin contrapesos reales, consolidando un golpe a la independencia judicial.
Desde 2022, bajo un estado de excepción prolongado, el Gobierno ha detenido a más de 86.000 personas, muchas sin vínculos con pandillas ni procesos judiciales adecuados, entre ellas, a figuras de la academia o defensores de derechos humanos como Ruth López, Enrique Anaya, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
Lo que sucede en El Salvador no es un hecho aislado, forma parte de un patrón de fortalecimiento de los autoritarismos que viene consolidándose hace años en Centroamérica y que apuesta al debilitamiento del principio de separación de poderes.
Ante este panorama regional, las organizaciones firmantes:
● Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos de protección de derechos humanos a mantener una vigilancia activa sobre El Salvador, instar al respeto del Estado de Derecho y al cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
● Instamos a los organismos multilaterales a activar sus mecanismos de seguimiento y presión frente a estas reformas autoritarias, condicionando su cooperación al respeto de los derechos humanos y a los principios democráticos.
● Exhortamos a los gobiernos democráticos a pronunciarse firmemente contra estos retrocesos y a defender colectivamente el orden constitucional y el estado de derecho.
● Llamamos a la sociedad civil organizada a fortalecer sus redes de solidaridad y continuar visibilizando y denunciando las amenazas a la institucionalidad y a los derechos fundamentales.
Organizaciones firmantes:
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
Asociación Ciudadana Acceder
Asociación MULABI
Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua
Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS Alianza Global
Cooperativa Sulá Batsú
Defensa de Niñas y Ninos- Internacional, Costa Rica
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Américas
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)
Fundación Sin Límites
Grupo de trabajo de Agenda CEDAW
Latin America Working Group (LAWG)
Movimiento Autónomo de Mujeres
Mugarik Gabe
Protección Internacional Mesoamérica
Robert F. Kennedy Human Rights
Seattle International Foundation
Washington Office on Latin America (WOLA)