Investigación revela patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia

 

[Marzo 2021] La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y la Comisión Colombiana de Juristas-- con el apoyo de Protection Internacional, OXFAM y DIAKONIA--presentaron los hallazgos preliminares de una investigación que evidencia la existencia de patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, en cuatro regiones del país: Norte del Cauca; Urabá antioqueño y bajo Atrato Chocoano; sur de Córdoba; y nordeste y bajo Cauca antioqueños. (1)

La identificación de patrones de sistematicidad en la comisión de los homicidios se realizó a partir de información de fuentes primarias en terreno y una base de datos consolidada (2) sobre homicidios a personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP. Según resultados parciales de la investigación, en el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, 255 personas fueron víctimas de homicidio en las cuatro regiones mencionadas; 213 de ellas corresponden a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 como excombatientes de las FARC-EP.

Con base en los casos en los cuales las víctimas fueron personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, se evidencia que los más atacados son los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical. También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes, personas defensoras que lideran o participan en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, líderes y lideresas que participan en procesos de restitución de tierras, y personas defensoras de los derechos ambientales y territoriales.

De acuerdo con el estudio, en los 213 casos de asesinatos a personas defensoras, líderes y lideresas sociales, en las cuatro regiones mencionadas, y los 42 casos de excombatientes, la Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN) no suministró información que permitiera conocer la orientación de las investigaciones ni su avance en términos de la desarticulación de las organizaciones armadas y criminales que se presume están tras esos crímenes.

La investigación identificó prácticas de la Fiscalía General de la Nación en el tratamiento y presentación de las cifras sobre la gestión de las investigaciones adelantadas por los homicidios que no cumplen los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (3), tales como:

  • Empleo de la categoría en esclarecimiento, sin sustento en el número de procesos en los que se consiguió esclarecer los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores.
  • La información difundida a la opinión pública por parte de la FGN no coincide con la actividad de judicialización realmente realizada. Por ejemplo, en los casos de los líderes Aquileo Mecheche, José Leandro Chavarría y Norberto Alonso Gutiérrez, ninguno de los capturados por el asesinato de estos líderes lo fue por el delito de homicidio, sino por otros como concierto para delinquir o porte ilegal de armas.
  • No incluye los casos documentados por la Defensoría del Pueblo, ni por fuentes de las organizaciones de la sociedad civil. Toma como base solo las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a pesar de que el organismo ha advertido sobre el carácter parcial de sus registros y la necesidad de complementar la información con otras fuentes.

De acuerdo con el estudio, la respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción es el eslabón que falta en el análisis de la sistematicidad en el asesinato de los líderes y lideresas sociales, personas defensoras y excombatientes, y debe ser hallado en el marco de las obligaciones del Estado.

Tras exponer en detalle los hallazgos preliminares de esta investigación, que espera continuar estudiando patrones de sistematicidad en estas y otras regiones del país, el estudio formuló una serie de recomendaciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar.

Les invitamos a conocer aquí el documento con los principales hallazgos de la investigación: “Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción: Patrones en el asesinato de las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes en los territorios de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato chocoano; sur de Córdoba; nordeste y bajo Cauca antioqueños”

(1) Norte del Cauca: Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano: Apartadó, Carepa, Turbo, Mutatá, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y Riosucio; Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta; y Nordeste y Bajo Cauca antioqueño: Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Caucasia, El Bagre, Valdivia, Briceño y Zaragoza.
(2) La base de datos conjunta analizada en este avance de investigación vincula información de siete bases de datos aportadas por el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, la Fundación Forjando Futuros; la Fundación Paz y Reconciliación, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas.
(3) CIDH (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de diciembre de 2019 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.262/19.