Representantes de comunidades de la Microrregión de Ixquisis y de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, territorio del pueblo indígena Xinka afectado por proyectos extractivos, acaban de concluir  una gira  por Europa en la que han desarrollado acciones de incidencia y sensibilización para explicar sus casos y permitir al público europeo dar seguimiento de primera mano a la situación actual de Guatemala en materia de derechos humanos y ambientales.

Actualmente, el territorio guatemalteco está acechado por grandes megaproyectos extractivos como hidroeléctricas, minería, agroindustria y monocultivos (caña de azúcar, banana y palma aceitera) que atentan directamente contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En 2018, dos mujeres defensoras llevaron a cabo una gira de incidencia para denunciar las amenazas, difamaciones y asesinatos que las comunidades– y sobretodo las mujeres – están sufriendo en represalia por reclamar pacíficamente sus derechos territoriales y ambientales, reconocidos por convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT. 

La situación de amenaza contra las personas defensoras de derechos humanos persiste y se da en el marco del mantenimiento de megaproyectos que no cuentan con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, que son financiados por bancos de desarrollo y que privatizan los bienes comunes del país. Según el análisis global realizado por Front Line Defenders en 2018, 26 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Guatemala, lo que representa un aumento del 136% en el número de muertes en 2017. A su vez, campañas de difamación, desinformación, estigmatización y desprestigio de las personas defensoras de los derechos humanos suceden a diario en Guatemala.

Desde 2018, han aumentado el número de agresiones y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país y no hay garantía para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. El Estado aún tiene pendiente desarrollar e implementar una Política Pública de Protección de personas Defensoras, por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  pero aún no hay voluntad política de llevarla a cabo. Bajo esta situación, existe un incremento del modelo de privatización de bienes y recursos naturales que se hace a favor de corporaciones nacionales y transnacionales con la complicidad del Estado y una buena parte de las instituciones públicas sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Organizada conjuntamente por las organizaciones no gubernamentales Farmacéuticos Mundi (Farmamundi), Protection International (PI) y Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), el objetivo de esta gira de 2019 era dar seguimiento a las acciones de incidencia realizadas el pasado año y a lo comprometido con los diferentes actores, como el Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción exterior, la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE,  principalmente  Alemania y el Estado Español.

Para más información sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala: