Manifestamos nuestra profunda preocupación por la criminalización hacia las Autoridades Ancestrales y líderes comunitarios que trabajan para promover, proteger los derechos y el territorio de los pueblos, a causa de la intromisión de los proyectos de industrias extractivas de los bienes o recursos naturales como lo son los proyectos mineros e hidroeléctricos en el departamento de San Marcos, Guatemala. La criminalización de la resistencia y protesta social se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de represión y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en el país y de las autoridades ancestrales del pueblo mam Te TXE CHMAN, San Marcos.
Denunciamos la detención ilegal a la que han sido sometidos por un periodo de 14 a 21 meses, como resultado de la estrategia sistemática de criminalización de la empresa hidroeléctrica Hidro Salá en San Pablo, San Marcos, la cual ha utilizado de manera perversa el sistema jurídico nacional en contra de las comunidades que defienden su territorio. Nuevamente esta estrategia fue puesta en marcha el 4 de agosto contra Oscar Sánchez Morales autoridad ancestral del Consejo Mam Te TXE CHMAN que engrosó el listado de presos políticos incrementando este a 11 detenidos ilegalmente en San Pablo, San Marcos.
Tata Oscar Sánchez Morales es una Autoridad Indígena Maya Mam del municipio de San Pablo y del Consejo Maya mam te TXE CHMAN. El defensor fue detenido de forma arbitraria el 4 de agosto de 2016 en horas de la mañana luego de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por varias empresas hidroeléctricas en el territorio, y exigir la libertad de 10 presos políticos de San Pablo.
Desde el momento de la detención hasta en una semana tuvo el derecho a declarar ante el juez del juzgado de Primera instancia penal, Tata Oscar Sánchez permaneció esposado y encadenado durante casi treinta y seis horas en la subestación de la Policía Nacional Civil de la cabecera departamental de San Marcos, es una clara violación de los derechos humanos de una autoridad ancestral del pueblo maya Mam.
Ante esta situación:
Denunciamos las detenciones arbitrarias, ilegales e ilegitimas de las que son objeto defensoras y defensores de derechos humanos, de pueblos indígenas, del territorio y la Madre Naturaleza, entre ellas: La Hermana: María Maribel Díaz Gómez y los hermanos: Fausto Sánchez Roblero; Marco Tulio Pérez Pablo; Simeón Mauricio Guzmán; Bruno Emilio Solís Pérez;; Nery Edilma Santos López; Heriberto Evelio Santos López; Alfonso Chilel Hernández; Lorenzo Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez y Óscar Sánchez Morales.
Todas y todos han padecido por más de dos años la privación de su libertad en la cárcel de Quetzaltenango, en condiciones infrahumanas y de total hacinamiento. Así también denunciamos que estos no son los únicos casos, junto a ellos se encuentran detenidos arbitrariamente otras autoridades ancestrales y líderes comunitarios en otros departamentos de Guatemala, por su papel de defensoras y defensores de derechos humanos, de la vida, el territorio y la madre tierra.
Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el sistema de justicia de la concepción de derecho penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como enemiga; invisibilización de los derechos de los pueblos indígenas y sus demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción y represión con la anulación del régimen de derechos.
En este contexto valoramos la sentencia emitida por la Jueza Iris Yassmin Barrios Aguilar quien preside el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo en Guatemala, el pasado 22 de julio al concluir el juicio de 07 presos políticos de Huehuetenango, después de más de año y medio en prisión, quienes quedaron en libertad, al dictar sentencia hizo mención en sus declaraciones, algunas a título personal y otras en nombre del tribunal, y de las que destacamos lo siguiente:
Les pedimos a los fiscales […] y a las autoridades […]: no criminalicemos a las comunidades indígenas. Todos tenemos el derecho de vivir en paz y de hacer un país mejor. Y si todos ponemos de nuestra parte, vamos a lograr esa armonía […] Y a los empresarios […]: no criminalicemos la conducta de nuestros hermanos guatemaltecos.
Exigimos que se respete las diferentes formas de organización de los pueblos, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la crítica política y social de los gobiernos. En tal sentido, los estados están obligados a asegurar que ninguna defensora o defensor de los derechos humanos sea impedido de reunirse y manifestarse pacíficamente.
Demandamos al Estado de Guatemala y al Sistema de Justicia que respete el debido proceso conforme a Derecho, que sean revisados integralmente los procesos judiciales abiertos contra autoridades ancestrales y líderes comunitarios, con el fin de determinar si ha existido injerencia de empresas y funcionarios de este o el anterior Poder Ejecutivo, para la captura y el enjuiciamiento de los defensores de derechos humanos.
Solicitamos a la comunidad internacional el acompañamiento y solidaridad, a las y los embajadores que se pronuncien en contra de la persecución y criminalización de las luchas sociales.
