El lunes 4, en el primer día del 157 periodo de sesión de la CIDH, se desarrolló la audiencia “Derechos Humanos y seguridad ciudadana en El Salvador” . Las organizaciones de la sociedad civil FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos), SSPAS (Servicio Social Pasionista), IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la UCA) junto con
el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) presentaron sus preocupaciones y denuncia ante la CIDH sobre la situación de DD.HH. en El Salvador y en particular sobre la aplicación de politicas públicas de seguridad ciudadana. Por El Salvador participó el Ministro de Exteriores.
Siendo uno de los países más violentos del mundo, El Salvador ha adoptado en el primer trimestre de 2015 el “Plan Salvador Seguro” que aborda la violencia y criminalidad con un plan integral basado en 5 componentes: seguridad en el territorio, oportunidades educativas, oportunidades laborales e inserción productiva, espacios públicos remodelados, dinámicos y seguros; y atención a víctimas. Sin embargo, las organizaciones peticionarias denuncian que las fuerzas públicas actúan principalmente desde el eje represivo y preocupa el fuerte incremento de la participación del ejercito en tareas de seguridad
pública. Todo ello sin mecanismos eficientes, tanto penales como administrativos, para castigar los excesos de militares y agentes de la Policía Nacional Civil, instituciones que en 2015 han sido denunciados por casos de asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones.
Además, en agosto 2015, la Sala Constitucional resolvió que se puede aplicar la categoría de terrorista para pandillas, una resolución que obliga al sistema judicial a aplicar uniformemente la Ley Contra Actos de Terrorismo a los miembros de estos grupos y también a sus apologistas y financistas. Esta resolución que obligará a los jueces a aplicar uniformemente la Ley Contra Actos de Terrorismo a los miembros de estos grupos y también a sus apologistas y financistas.
Según las organizaciones peticionarias, junto con los riesgos de criminalización y abusos de poder contra la juventud, la resolución de la Sala Constitucional pone en riesgo a las y los Defensores de DD.HH.que trabajan en la prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes de pandillas ya que podría dar lugar “a la persecución penal bajo esta figura sólo por el hecho de buscar la garantía de los DDHH (…) nos preocupa que esta resolución sea utilizada para callar voces de denuncias ante los abusos policiales y militares así como la restricción de nuestro trabajo comunitario en la promoción de DDHH y prevención de la violencia.”
Protection International desde su experiencia en El Salvador junto con las organizaciones de DD.HH., especialmente con las que trabajan con la juventud, y el acompañamiento al proceso de protección de la comunidad Santa Marta comparte las preocupaciones de las organizaciones peticionarias en cuanto a la limitación del espacio de trabajo de las y los Defensores de DD.HH. por la posible reducción de facto de las garantías constitucionales y a la constante militarización del territorio así como su protección integral, desde lo físico a lo jurídico, cuando presenten denuncias por los abusos de poder y violaciones de DD.HH. de la Policía Nacional Civil o el Ejercito.
Al mismo tiempo, la inseguridad ciudadana promovida por los grupos criminales para desestabilizar al Estado y que afecta hasta las comunidades rurales aumenta el riesgo de las personas defensoras. Las y los Defensores trabajan en entornos comunitarios divididos por el miedo y la desconfianza y donde la organización comunitaria representa un obstáculo para el control del territorio por parte de los grupos criminales. Además, por la falta de mecanismos de investigaciones rápidas, eficaces e imparciales, las agresiones y ataques contra las y los Defensores de DD.HH. se pueden enmascarar fácilmente bajo la etiqueta de “violencia común”, a la cual, en muchos casos, se añade la ulterior revictimización cuando que se vinculan injustamente a las víctimas con las pandillas.
Desde PI nos sumamos a la apreciación positiva sobre la participación en la audiencia de la CIDH del Ministro de Exteriores, Hugo Martínez, como “compromiso del gobierno de Salvador Sánchez Ceren con los DD.HH.”, y urgimos al Estado de El Salvador a seguir en su dialogo con las organizaciones de la sociedad civil, a poner en práctica el “Plan El Salvador Seguro” basado en un enfoque integral y de respeto y garantía de los DD.HH., así como de implementar mecanismos de reducción de los altos niveles de impunidad.
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