El pasado sábado, 17 de octubre 2015, tres miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto extractivo de San Rafael Las Flores sufrieron un ataque con armas de fuego. Edwin Alexander Reynoso Bran, Estuardo Bran Reynoso y Marlon Loy Dominguez, todos integrantes de la resistencia comunitaria antiminera de Mataquescuintla (Jalapa), fueron emboscados a escasos 300 metros de la entrada del caserío El Terrero, pocos minutos después de reunirse con el alcalde del municipio, Hugo Loy Solares.
No es la primera vez que los dirigentes de la resistencia sufren un atentado, el14 de abril del 2014 Alexander Reynoso y su familia fueron víctimas de un atentando similar, en el cual su hija Topacio Reynoso de 16 años perdió la vida.
Antecedentes
En abril del año 2013, el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, a través de una rueda de prensa dio a conocer la aprobación de la concesión de explotación minera de la Mina San Rafael Escobal, por un periodo de 25 años. No se celebró ningún tipo de consulta a las comunidades afectadas, tal y como establece el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que fue ratificado por el Gobierno de Guatemala el 5 de junio de 1996. Por lo que el día 8 de abril 2013 las comunidades de San Rafael las Flores (Santa Rosa) iniciaron una resistencia pacifica en el plantón permanente “El Escobal”, a la entrada a la Mina San Rafael, con el objetivo de que se anulara la licencia de explotación.
De acuerdo con el Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael las Flores, los principales efectos y consecuencias sociales que se han dado a partir del inicio de las exploraciones de la mina en el año 2007 son el incremento en los niveles de delincuencia común en el municipio y un proceso de división social en torno a la actividad de la mina. Además, este comité señala que las fuentes hídricas se han visto afectadas, no solo en San Rafael, sino en Santa María Xalapán, ya que el túnel de la mina atraviesa dichas fuentes hídrica.
El Estado de Sitio
El pasado 2 de mayo se declaró Estado de Sitio por parte del Gobierno argumentando su establecimiento en respuesta al crimen organizado, sin embargo se perfila como principal causa en respuesta a las peticiones de la empresa minera que por las acciones de resistencia (cortes, parones, etc.) al no poder seguir ejerciendo sus labores con normalidad. En ese sentido, el 7 de mayo de 2013 fue publicado un campo pagado en los principales medios de prensa escrita, firmado por 36 empresas relacionadas con el sector de la construcción, manifestando su “respeto y respaldo a la decisión del gobierno de Guatemala para restablecer el orden público y el Estado de Derecho en los municipios de Santa Rosa y Jalapa.” Entre las empresas firmantes se encontraban Cementos Progreso, Aceros Arquitectónicos, Mixto Listo y PADEGUA.
El Estado de sitio es la herramienta principal a través de la cual el Estado despliega un número considerable de militares y agentes de las fuerzas especiales de la PNC para controlar las comunidades que se encuentran en disidencia con los proyectos extractivos o hidráulicos. Este régimen de excepción política posibilita al Estado el ejercicio de determinadas dinámicas que incluyen el acopio de información para efectuar un control efectivo sobre las comunidades en resistencia o el establecimiento de una red de colaboradores comunitarios que se constituye como un grupo de choque que operan en contra del accionar de las personas y organizaciones comunitarias que trabajan alrededor de la resistencia.
Durante el Estado de Sitio se instalaron tres destacamentos militares en Santa María Xalapán, Jalapa; Mataquescuintla, Jalapa; y Casillas, Santa Rosa. De éstos, los dos últimos permanecen activos. Pobladores entrevistados también indicaron que una oficina de inteligencia militar se instaló en la cabecera departamental de Jalapa.
Esta situación debe ser motivo de monitoreo y vigilancia permanente tanto de las comunidades en resistencia como de las organizaciones que acompañan a estas comunidades. Es decir, deben planificarse medidas que permitan prevenir ataques dirigidos contra miembros de la resistencia pacífica de San Rafael Las Flores.
Acompañamiento de la Resistencia Pacifica San Rafael Las Flores
En este sentido, en septiembre de 2015, Protection International comienza a acompañar a la Resistencia Pacifica de San Rafael las Flores con la colaboración de El Observador, el Network in Solidarity with the People of Guatemala-NISGUA , CODIDENA y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala – CALAS. Se concretan aspectos relacionados con el interés de fortalecer el proceso de organización y resistencia frente a las actividades extractivas del proyecto minero “El Escobal” de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc., a través de procesos de capacitación y acompañamiento. La primera fase de colaboración permitió precisar y delimitar de mejor manera los actores oponentes y amenazas que se tiene en el territorio; así como definir acciones de alerta temprana e inmediatas.
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