¡No a la minería, sí a la vida! – Llamamiento de solidaridad con la Resistencia Pacífica de Santa Rosa y Jalapa

No a la minería, sí a la vida

Llamamiento de solidaridad con la Resistencia Pacífica de Santa Rosa y Jalapa

Este martes 15 de mayo, Protection International, Open Society Foundation y el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales visitaron y expresaron su solidaridad con la Resistencia Pacífica de Santa Rosa y Jalapa que está luchando por la defensa de su territorio, el medio ambiente y el agua, desde hace 5 años frente al proyecto minero El Escobal de la empresa minera San Rafael, perteneciente a la empresa canadiense Tahoe Resources.

En 2013 el Ministerio de Energía y Minas autorizó el proyecto minero El Escobal sin consulta previa a la comunidad, pese a ser un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y la empresa se instaló en las tierras de las comunidades indígenas del Pueblo Xinka, privándolas de sus recursos naturales y acuíferos, ahora agotados y contaminados, los cuales son imprescindibles para su supervivencia.

Ante esta situación de graves vulneraciones de derechos, las y los defensores de derechos humanos decidieron instalar un plantón pacífico en la vía a Casillas –Santa Rosa, con el propósito de controlar el ingreso de materiales para la operación de la mina, que hasta la fecha tiene suspendido su funcionamiento, debido a que la Corte Suprema de Justicia ordenó un cese provisional de operaciones, hasta que no resuelva en definitiva el amparo constitucional . Las y los defensores han instalado también un plantón ante la Corte Constitucional, esperando un fallo favorable y que garantice sus derechos.

Desde PI, reconocemos la legitimidad de la resistencia pacífica de esta comunidad indígena, que además de ver afectados sus derechos económicos, territoriales y ambientales, ha sido víctima de agresiones directas, amenazas, criminalización y represión por parte del Estado.

Protection International llama a la comunidad internacional a expresar su solidaridad con la Resistencia Pacífica de Santa Rosa y Jalapa y a interpelar al gobierno guatemalteco, en particular a la Corte de Constitucionalidad, para que resuelva de manera inmediata el amparo interpuesto por la comunidad y garantice el derecho del pueblo Xinka a la consulta previa, libre e informada, que sea respetada su decisión y protegidos los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las y los defensores de derechos humanos.


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