A casi dos décadas de la fima de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, las lecturas sobre la situación de los derechos humanos reconocen diversos avances en materia política e institucional, en contraste con retrocesos en materia de seguridad y justicia 1, estancamientos en cuanto al abordaje de la pobreza y el hambre 2 y la concentración del poder económico y político 3. La aparición de nuevos actores en el escenario político y económico ha generado impactos sociales y económicos, que afectan a todo el país, pero que tocan directamente los medios de vida de las comunidades rurales e indígenas, al competir por la utilización de los recursos naturales. Esto ha signifiado la multiplicación de los conflctos sociales en ciertas
regiones del país, con características violentas y en el marco de amplios obstáculos para acceder a la justicia y la seguridad de forma equitativa.
La violencia que se da alrededor de los conflctos sociales asume formatos bien determinados y diseñados estratégicamente. En este marco, la agenda de derechos humanos y las personas que se ubican alrededor de la misma frente a vulneraciones específias, son identifiadas como un obstáculo y por lo mismo son atacadas de diversas formas. Los derechos humanos en general y el ejercicio de la ciudadanía en particular, han sido denigrados por sectores conservadores que se han logrado desarrollar bajo el amparo de privilegios y la amplia desigualdad social prevaleciente.
El presente material trata de identifiar cuáles son las características de estos procesos, con el objeto de recuperar la legitimidad de la agenda de derechos humanos y las personas que los promueven. El cumplimiento de una agenda de derechos humanos es fundamental para fortalecer la democracia, por lo que en el caso de Guatemala se constituye en una actividad prioritaria, en tanto que se pone en riesgo la sostenibilidad de la democracia misma y la vida digna de la mayoría de las personas.
