Personas defensoras de derechos humanos de América Latina y África comparten experiencias sobre las políticas públicas de protección de sus regiones en un encuentro virtual
El 21 de enero de 2021, 44 personas defensoras de derechos humanos se reunieron – desde sus casas – para debatir sobre las políticas públicas de protección en Colombia, Costa de Marfil, Honduras, México y la República Democrática del Congo (RDC).
Este encuentro virtual, que ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, es el segundo que Protection International y su socio en la RDC, SOS Information Juridique Multisectorielle (SOS IJM), han organizado desde el comienzo de la pandemia.
Su objetivo es que las mujeres y hombres defensores de los derechos humanos (M/DDH) puedan hacer un balance de las políticas públicas de protección vigentes en sus países. De entrada, queda claro que el contexto de estas dos regiones sigue siendo alarmante en lo que respecta a los niveles de protección para las personas defensoras.
La cruda realidad de las personas defensoras
Inestabilidad política incesante, guerras civiles y conflictos armados endémicos: desde Colombia hasta la República Democrática del Congo, pasando por México y Costa de Marfil, las personas defensoras de los derechos humanos pagan un alto precio por su trabajo.
Con 263 asesinatos, la región de América Latina y el Caribe fue la más mortífera del mundo para las personas defensoras en 2020, acumulando el 79% de los 331 asesinatos en todo el mundo, según el informe Frontline Defenders (2020). Colombia, donde 177 personas fueron asesinadas en defensa de los derechos humanos, ostenta el triste récord de ser el país más peligroso del mundo para este colectivo.
Sin embargo, los actores de la sociedad civil no se han quedado de brazos cruzados frente a la intimidación, las amenazas, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y los asesinatos. Este encuentro virtual entre las dos regiones reveló que las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel muy importante en la movilización y la presión ejercida ante sus respectivos gobiernos para la adopción de determinados mecanismos de protección e instrumentos jurídicos.
En las dos últimas décadas, se han producido importantes avances en cuanto a políticas públicas nacionales de protección. A pesar de que su aplicación efectiva suele ser compleja, ambas regiones cuentan con mecanismos de protección en forma de leyes y otras disposiciones legales.
Los retos de los mecanismos de protección en América Latina
En Colombia, el mecanismo de protección del Estado se estableció a finales de la década de los 90 debido a los altos niveles de violencia sufridos por las M/DDH y los líderes sociales en el contexto del conflicto armado interno. Otros países de la región también han promulgado leyes con el mismo objetivo, como es el caso del mecanismo de protección de defensores y periodistas en México, que se estableció legalmente en 2012. Honduras, por su parte, adoptó una ley de protección de personas defensoras en 2015.
El hecho de que estos mecanismos existan ya es en sí positivo para las personas defensoras; sin embargo, su aplicación efectiva sobre el terreno se encuentra estancada. A pesar del interés mostrado por algunos líderes políticos en adoptar leyes de protección, la brecha entre la retórica, las promesas y la aplicabilidad sigue siendo amplia. “La falta de confianza entre los gobiernos y las personas defensoras de derechos humanos sumada a una mala coordinación, se traduce en la ineficacia de los mecanismos de protección existentes en América Latina”, dijo Guillermo Rodríguez, uno de los expertos que participó en el webinario de Protection International y miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Mientras que en Colombia hay una falta de coordinación entre los actores de la sociedad civil y las autoridades en la aplicación de los mecanismos de protección, en México existe un cierto clima de cooperación entre las autoridades y las personas defensoras para fortalecer la protección de las M/DDH.
“En la ley mexicana, en colaboración con las autoridades estatales tratamos de identificar ciertos factores de riesgo a nivel federal, para así mitigarlos. Este proceso es ciertamente importante, pero también debe ir acompañado de medidas de protección para que sea más efectivo, se puedan reparar los daños y se evite la impunidad“, dijo Itzia Miravete, Coordinadora de Prevención e Incidencia para México y Centroamérica, de Artículo 19, organización que forma parte de Espacio OSC (una iniciativa de la sociedad civil para monitorear el funcionamiento del mecanismo de protección).
Iniciativas en África
Costa de Marfil adoptó una ley de protección de personas defensoras de los derechos humanos en 2014. Esta ley, que define las funciones, los deberes y los derechos de las M/DDH, pretende garantizarles un entorno de protección en el ejercicio de su labor. También reconoce el importante papel que desempeñan las M/DDH en el desarrollo del país.
El mecanismo de Costa de Marfil ofrece una protección especial a las mujeres defensoras contra todas las formas de amenazas, violencia y discriminación relacionadas con su condición de defensoras de los derechos humanos, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos de la mujer.
“En el contexto marfileño, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la divulgación del contenido de esta ley, pero su aplicación real sigue siendo un reto“, afirmó Assa Simone, Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Costa de Marfil.
La experiencia de Costa de Marfil con los mecanismos de protección ha sido una gran inspiración para las personas defensoras de la República Democrática del Congo. Ante el estancamiento del proceso de aprobación de la ley por parte de la asamblea nacional en este país, el mecanismo constitucional que permite el establecimiento de decretos por parte de los parlamentos provinciales representó una buena oportunidad para las personas defensoras de los derechos humanos en Kivu del Norte y del Sur, dos provincias del este de la RDC.
Entre 2016 y 2019, las organizaciones de la sociedad civil congoleña de las dos provincias multiplicaron sus acciones de incidencia ante las instituciones estatales para la adopción de leyes que protejan a las M/DDH. El primer éxito se remonta a febrero de 2016, cuando el gobernador de la provincia de Kivu del Sur promulgó el decreto, es decir, una ley provincial que protege a las M/DDH y a los periodistas. Tres años más tarde, los M/DDH de la vecina provincia de Kivu del Norte vieron recompensados sus esfuerzos con la aprobación de una ley provincial de las mismas características.
“La adopción de estos dos decretos provinciales ha supuesto un rayo de esperanza para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en el este del país, donde el contexto de seguridad dificulta mucho su trabajo“, explicó Gratias Kibanja, abogado y miembro de Ukingo Wetu Synergy, una red de protección de las M/DDH que participó en la redacción del decreto provincial de Kivu del Norte.
Siguiendo el ejemplo de Costa de Marfil, esta ley provincial también dedica una protección especial a las mujeres defensoras de los derechos humanos en su artículo 6. Otras provincias han hecho lo mismo, como Sud-Ubangi, donde la asamblea provincial también está estudiando una propuesta de decreto para proteger a las mujeres defensoras.
Comparativa de la situación en América Latina y África
En América Latina, la legislación ha previsto mecanismos de protección eficaces y procedimientos para solicitar protección a las autoridades, teniendo en cuenta los contextos de violencia en los que se desarrolla la defensa de los derechos humanos. En África, sin embargo, las leyes han seguido siendo más generales. Allí, su apropiación por parte de las M/DDH y su aplicación a través de mecanismos específicos, como los mecanismos de protección, aún está por hacer.
“Mientras que en América Latina el proceso de protección se basa más en operaciones de seguridad y protección, en África se trata más de derechos en general. Es importante que África pueda contar con mecanismos o políticas que hagan operativas las leyes existentes para que éstas sean más eficaces“, concluyó Quique Eguren, experto en políticas públicas del equipo global de Protection International. “Al final, se puede decir que este intercambio fue un ejercicio muy enriquecedor y que nos permitió comparar dos contextos muy diferentes“.