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09/09/2026
Carta a las Instituciones Europeas: A diez años del asesinato de Berta Cáceres: las conclusiones del GIEI deben marcar un punto de inflexión para la Unión Europea.
Las organizaciones firmantes saludamos la publicación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de la lideresa indígena lenca y defensora de los derechos humanos y del medio ambiente Berta Cáceres. Este informe constituye una contribución histórica a la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Sus hallazgos confirman lo que la familia de Berta Cáceres, el COPINH y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado durante años: su asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estructura más amplia de poder económico, violencia e impunidad vinculada al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Las conclusiones del GIEI muestran que los riesgos que enfrentaban Berta Cáceres y las comunidades organizadas en el COPINH eran conocidos, previsibles y prevenibles. El informe evidencia cómo intereses empresariales, fallas institucionales y omisiones estatales contribuyeron a crear las condiciones que hicieron posible el crimen. Asimismo, plantea hallazgos fundamentales sobre el papel desempeñado por los actores financieros que respaldaron el proyecto a pesar de las reiteradas denuncias de conflictividad social, violencia y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
Uno de los financiadores internacionales principales del proyecto Agua Zarca fue FMO, banco de desarrollo neerlandés, cuya propiedad es mayoritariamente pública y cuyo accionista principal es el Estado de los Países Bajos. Los hallazgos del GIEI ponen de manifiesto serias negligencias y deficiencias gravísimas en los procesos de debida diligencia aplicados antes y durante su participación en el proyecto. En concreto, el informe demuestra que un 67% de los fondos desembolsados por FMO para el proyecto fueron desviados para fines ilícitos, incluyendo el pago de los sicarios de Berta Cáceres. Para las comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos, las respuestas y medidas adoptadas hasta la fecha por el Banco no han sido suficientes en términos de rendición de cuentas, reparación integral y garantías efectivas de no repetición.
El caso de Berta Cáceres se ha convertido en un ejemplo emblemático de los riesgos asociados a proyectos de infraestructura financiados desde Europa, sin mecanismos adecuados para identificar, prevenir y mitigar impactos sobre los derechos humanos. Demuestra además las limitaciones de sistemas de salvaguardas que resultan insuficientes para operar en contextos marcados por violencia estructural, conflicitvidad social, criminalización de personas defensoras, corrupción, debilidad institucional y falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Estas preocupaciones adquieren hoy una relevancia particular en el marco de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. La UE presenta esta iniciativa como una estrategia de inversiones basada en valores, orientada a promover el desarrollo sostenible y la transición ecológica. Sin embargo, la implementación de Global Gateway depende en gran medida de una amplia red de bancos de desarrollo (entre ellos, el FMO), instituciones financieras y empresas privadas cuyos estándares y mecanismos de debida diligencia difieren significativamente entre sí.
Al día de hoy, no existe un marco único, vinculante y estandarizado de debida diligencia aplicable a todos los proyectos Global Gateway, por lo que en la práctica, la identificación, prevención y mitigación de riesgos, así como los procedimientos de participación y de consulta previa quedan en las manos de las instituciones financieras y empresas involucradas. A ello se suma la falta de transparencia en torno a las negociaciones contractuales, la planificación de proyectos y los mecanismos de monitoreo, lo que limita la capacidad de las comunidades afectadas, la sociedad civil y otros actores públicos de ejercer un seguimiento efectivo. Esta situación genera importantes vacíos de supervisión y rendición de cuentas, y aumenta el riesgo de que proyectos apoyados por la Unión Europea reproduzcan patrones de actuación que, como en el caso de Berta Cáceres han contribuido a graves violaciones de derechos humanos.
Las lecciones de este caso son directamente relevantes para el futuro de Global Gateway. El asesinato de Berta Cáceres no fue únicamente una tragedia para su familia y su comunidad, sino también una advertencia para la comunidad internacional. La Unión Europea no puede aspirar a promover una estrategia de inversiones basada en derechos si la protección de las comunidades y de las personas defensoras de derechos humanos continúa dependiendo de mecanismos fragmentados, heterogéneos y, en gran medida, autorregulados.
A diez años de su asesinato, la justicia para Berta Cáceres sigue siendo incompleta. La plena rendición de cuentas requiere no solo el juzgamiento de todas las personas responsables del crimen, sino también medidas efectivas de reparación para las comunidades afectadas y reformas estructurales que permitan evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Solo mediante estos avances será posible garantizar que las lecciones de este caso se traduzcan en cambios concretos para la protección de los derechos humanos en el contexto de las inversiones internacionales.
Por ello, solicitamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros que:
- Hagan un llamado al FMO a reconocer públicamente su responsabilidad en la facilitación de un proyecto que generó graves violaciones a los derechos humanos, al territorio y al ambiente, y a contribuir de manera sustantiva y proporcional al Fondo de Reparación “Berta Cáceres”;
- Urjen al Estado de Honduras a implementar las recomendaciones del GIEI para asegurar el acceso a la justicia, las garantías de no repetición y de reparación;
- Establezcan reglas vinculantes, transparentes y estandarizadas de debida diligencia en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas para todos los proyectos financiados en el marco de Global Gateway, incluyendo el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado, e incorporando obligaciones de suspender o retirar financiamiento cuando existan riesgos graves o persistentes de violaciones, en linea con los compromisos internacionales de la UE en materia de derechos humanos.
- Garanticen que todos los proyectos Global Gateway incluyan evaluaciones independientes de impacto en derechos humanos y medio ambiente, mecanismos efectivos de participación de las comunidades afectadas, y plena transparencia en todas sus etapas mediante la publicación de contratos, informes de monitoreo y decisiones de financiamiento;
- Creen mecanismos independientes de supervisión, reclamación, rendición de cuentas y reparación accesibles para comunidades, organizaciones y personas defensoras afectadas por inversiones respaldadas por la UE, y adopten medidas específicas para prevenir, monitorear y responder a los riesgos que enfrentan las personas defensoras del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo e infraestructura;
- Garanticen que las instituciones financieras de desarrollo, incluido el FMO, proporcionen mecanismos efectivos de reparación cuando sus actuaciones u omisiones hayan contribuido a generar impactos negativos sobre los derechos humanos.
Letter to the European Institutions: Ten years after the murder of Berta Cáceres: the conclusions of the GIEI must mark a turning point for the European Union.
The undersigned organizations welcome the publication of the final report of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI) on the murder of the Lenca indigenous leader and human rights and environmental defender Berta Cáceres. This report constitutes a historic contribution to the search for truth, justice and reparation. Its findings confirm what the family of Berta Cáceres, the COPINH, and numerous national and international organizations have been denouncing for years: her murder was not an isolated event, but the result of a broader structure of economic power, violence and impunity linked to the Agua Zarca hydroelectric project.
The conclusions of the GIEI show that the risks faced by Berta Cáceres and the communities organized in COPINH were known, foreseeable and preventable. The report highlights how business interests, institutional failures and state omissions contributed to creating the conditions that made the crime possible. It also presents key findings on the role played by financial actors that supported the project despite repeated reports of social conflict, violence and violations of the rights of Indigenous peoples.
One of the main international financiers of the Agua Zarca project was FMO, a Dutch development bank, which is mainly publicly owned by the State of the Netherlands. The findings of the GIEI reveal serious negligence and extremely grave deficiencies in the due diligence processes applied before and during its participation in the project. Specifically, the report shows that 67% of the funds disbursed by FMO for the project were diverted for illicit purposes, including the payment of the hitmen of Berta Cáceres. For the affected communities and human rights organizations, the responses and measures adopted to date by FMO have not been sufficient in terms of accountability, full reparation and effective guarantees of non-repetition.
The case of Berta Cáceres has become an emblematic example of the risks associated with infrastructure projects financed from Europe which don’t have adequate mechanisms to identify, prevent and mitigate human rights impacts. It also demonstrates the limitations of safeguard systems that are insufficient to operate in contexts marked by structural violence, social conflict, criminalization of human rights defenders, corruption, institutional weakness, and lack of consultation and free, prior and informed consent of Indigenous peoples.
These concerns are particularly relevant today in the framework of the Global Gateway strategy.
The EU presents this initiative as an investment strategy based on values, aimed at promoting sustainable development and ecological transition. However, the implementation of Global Gateway depends to a large extent on a wide network of development banks (including FMO), financial institutions and private companies whose due diligence standards and mechanisms vary significantly among them.
To date, there is no single, binding and standardized due diligence framework applicable to all Global Gateway projects. Therefore, in practice, the identification, prevention and mitigation of risks, as well as participation and prior consultation procedures, are left in the hands of the financial institutions and companies involved. This is compounded by the lack of transparency regarding contractual negotiations, project planning and monitoring mechanisms, which limits the ability of affected communities, civil society and other public actors to carry out effective oversight. This situation creates significant gaps in supervision and accountability and increases the risk that projects supported by the European Union may reproduce patterns of action that, as in the case of Berta Cáceres, have contributed to serious human rights violations.
The lessons from this case are directly relevant for the future of Global Gateway. The murder of Berta Cáceres was not only a tragedy for her family and her community, but also a warning for the international community. The European Union cannot aspire to promote an investment strategy based on rights if the protection of communities and human rights defenders continues to depend on fragmented, heterogeneous and largely self-regulated mechanisms.
Ten years after her murder, justice for Berta Cáceres remains incomplete. Full accountability requires not only the prosecution of all persons responsible for the crime, but also effective reparation measures for the affected communities and structural reforms to prevent similar events from happening again. Only through these advances will it be possible to ensure that the lessons of this case translate into concrete changes for the protection of human rights in the context of international investments.
Therefore, we request that the European Union and its Member States to:
- Call on FMO to publicly acknowledge its responsibility in facilitating a project that generated serious violations of human rights, territory and the environment, and to contribute substantially and proportionately to the “Berta Cáceres Reparations Fund”;
- Urge the State of Honduras to implement the GIEI recommendations to ensure access to justice, guarantees of non-repetition, and reparation;
- Establish binding, transparent and standardized rules of due diligence on human rights, environment and the rights of Indigenous peoples for all projects financed under Global Gateway, including respect for the right to free, prior and informed consent, and incorporating obligations to suspend or withdraw funding when there are serious or persistent risks of violations, in line with the European Union’s international human rights commitments;
- Ensure that all Global Gateway projects include independent human rights and environmental impact assessments, effective mechanisms for the participation of affected communities, and full transparency at all stages through the publication of contracts, monitoring reports and financing decisions;
- Create independent oversight, complaints, accountability and reparation mechanisms accessible to communities, organizations and human rights defenders affected by EU- backed investments, and adopt specific measures to prevent, monitor and respond to the risks faced by defenders of land, environment and human rights in the context of development and infrastructure projects;
- Ensure that development financial institutions, including FMO, provide effective reparation mechanisms when their actions or omissions have contributed to negative impacts on human rights.
Firmas / Signatures
- Red EU-LAT
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos HUmanos (IM_Defensoras)
- CNCD-11.11.11
- Pax Christi International
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
- Protection International Mesoamérica
- Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
- Informationsstell e Peru e.V.
- Honduras Delegation Alemania
- Entraide et Fraternité
- Oxfam Intermon
- Red europea Comités Oscar Romero
- Trócaire
- CIDSE
- FOEE
- Entrepueblos
- Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ICID
- Zehar- Errefuxiatuekin
- Reds – Solidaridad para la transformación social
- CATAPA
- ActionAid Guatemala
- Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
- Articulação Agro é Fogo
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
- KULU-Women and Development (KULU), Denmark
- Peace Brigades International
- Diakonia
- CAREA e.V.
- Deutsche Menschenrechts koordinaton Mexiko
- Counter Balance
- Partner Südmexikos e.V
- Zapapres e.V., Hamburg
- Programa ACTuando Juntas Jotay
- Asociacion de Organismos No Gubernamental es ASONOG
- Red de mujeres indigenas y afrodescendient es con discapacidad de ALC (REMIAD)
- Group on Gender and Trade WIDE+
- Fundación Ayuda en Acción
- Eurodad (European Network on Debt and Development)
